Proponen que las y los pensionados, así como personal en activo aporten el mismo porcentaje.
Consideran viable establecer la paridad de género en órganos parlamentarios.
La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso local acordó citar a Bertha Alicia Casado Medina, directora del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios del (Issemym), y a representantes de la Secretaría de Finanzas, para analizar la propuesta del diputado Gerardo Lamas Pombo de reducir la cuota obligatoria de 6.0% a 4.625% del monto de pensión que deben enterar las y los pensionados y pensionistas a dicho instituto, como el personal en activo.
Durante la reunión, el legislador Gerardo Lamas expuso que su iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios busca que no se violen los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, ya que actualmente la cuota que deben enterar los pensionados y pensionistas para cubrir las prestaciones de servicios de salud es de 6 % del monto de la pensión, a diferencia del 4.625% del sueldo sujeto a cotización que deben enterar las y los trabajadores en activo.
Por esta razón, enfatizó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 33 de la citada Ley es inconstitucional, e indicó que el Poder Judicial informó que solo se reduce la aportación a quien interponga un amparo, y dijo que en caso de ser aprobada se deberá realizar un ajuste presupuestal al Issemym.
Respaldan paridad de género en órganos parlamentarios
Posteriormente, en reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, los legisladores Gerardo Ulloa Pérez y Max Agustín Correa Hernández, así como la diputada Paola Jiménez Hernández respaldaron la propuesta de la diputada Azucena Cisneros Coss para garantizar la paridad de género en la integración de la Mesa Directiva, la Diputación Permanente, las comisiones y comités legislativos, así como en los cargos de decisión político-administrativos de los grupos parlamentarios del Congreso local y señalaron que se debe establecer el lenguaje incluyente en la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo.
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