30 especialistas de nueve países analizaron los retos en la materia.
El doctor Antonio Colomer propuso impulsar la universalidad de los deberes, así como institucionalizar la figura de las defensorías municipales.
Al concluir el 4º Congreso Internacional El Nuevo Paradigma en Derechos Humanos a una década de la Reforma Constitucional de 2011, se emitió la Declaración Toluca del Congreso 2021, integrada por 13 puntos que destacan la necesidad de promover y garantizar el respeto a la dignidad humana, aplicar el principio pro persona en el ejercicio del poder público y cumplir las recomendaciones de los Organismos Públicos Defensores.
Durante tres días en los que se analizaron los retos de los derechos humanos ante la crisis sanitaria mundial y otras situaciones específicas, especialistas de nueve países coincidieron en señalar la urgencia de fortalecer y rescatar la supremacía constitucional para la protección de los derechos humanos.
Convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), la Red Internacional de Estudios Constitucionales (RIEC) y la Facultad de la UAEMex, este Congreso aporta a la sociedad mexicana y mundial la Declaración Toluca 2021, signada por el ombudsperson Jorge Olvera García y 30 expertos de distintos países.
La Declaración enfatiza la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado, como condición esencial para contar con mejores mecanismos destinados a la protección de la dignidad humana, los cuales deben ser asegurados desde la constitucionalidad que permite la convergencia de las diversas leyes en la materia.
Puntualiza que la cabal interpretación y comprensión de la Reforma Constitucional de 2011 es fundamental para vincularla con la realidad y hacer que sea parte de la vida diaria de las personas; además, debe evitarse la banalización de los derechos humanos y garantizarlos de verdad.
Otro punto de la Declaración refiere que el principio pro persona, que busca aplicar la interpretación de la norma más favorable para todas las personas en cualquier tipo de gobierno, debe ser la directriz del ejercicio del poder público; y el Estado debe atender también los principios de universalidad y progresividad de derechos humanos, asegurando la no regresión de los avances en la materia.
La Declaración Toluca 2021 establece la urgencia de construir un Estado constitucional social y solidario que proteja los derechos fundamentales, en especial los de carácter social; asumir como prioridad del Estado constitucional y la democracia, la protección y garantía de éstos; y erradicar la violencia de género y el feminicidio, fenómenos que se han entendido como la máxima discriminación.
Urge el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos; las autoridades deben proteger el ejercicio de las libertades básicas de expresión, opinión y acceso a la información, abstenerse de cualquier acto que atente contra las libertades de prensa e información, así como a la pluralidad de los medios de comunicación.
La Declaración de Toluca puntualiza que todas las autoridades están obligadas a respetar la autonomía e independencia de las instituciones judiciales y defensoras de los derechos humanos, con el propósito de fortalecer los valores superiores de los derechos humanos.
Al cierre del 4o Congreso Internacional de Derechos Humanos, el doctor Antonio Colomer, de la Universidad Politécnica de Valencia, España, propuso impulsar la universalidad de los deberes humanos como una acción recíproca en la que todas las personas deben estar comprometidas.
Dijo que si hombres y mujeres en el ejercicio de su actividad, como ama de casa, barrendero, médico, ingeniero o astronauta, hacen lo máximo y dan lo mejor de sí mismos, no tendríamos que declarar derechos, sino éstos emanarían del entrecruzamiento de deberes. El reto es iniciar con la universalidad de los deberes.
Por último, comentó que se debe mantener en la Agenda y fortalecer la iniciativa de la Codhem respecto a las defensorías municipales o locales, a fin de institucionalizar la figura como un procedimiento más de garantía y defensa de los derechos humanos.
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