Aprobaron un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que respeten y garanticen la vida y seguridad de periodistas en el desempeño de su labor.
En los primeros tres meses del año ocho periodistas han sido asesinados en México y en la entidad se contabilizan 30 agresiones contra comunicadores.
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la a la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) desahogue las carpetas de investigación en su poder sobre agresiones a periodistas y atienda las denuncias y solicitudes de protección realizadas por periodistas en fechas recientes.
Conforme a la propuesta de las diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, también se aprobó la solicitud a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la entidad, a que, como titular de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, lleve a cabo una coordinación efectiva de las instancias encargadas de garantizar la protección y seguridad de las y los periodistas en la entidad,
Asimismo, informe sobre la instalación de dicha Junta para conocer sus planes y las estadísticas actualizadas acerca de cuántos periodistas se han adherido al Mecanismo y a cuántos se protege, conforme a las propuestas de la legisladora Juan Bonilla Jaime y el diputado Omar Ortega Álvarez.
Adicionalmente, se exhortó al presidente de México y a la Fiscalía General de la República, así como a los 125 municipios a respetar y hacer efectivos los medios preventivos para garantizar la vida, integridad y seguridad de los periodistas en el desempeño de su labor.
En sesión que presidió el diputado Gerardo Ulloa Pérez, la diputada Claudia Desiree Morales Robledo expuso que, de acuerdo con la Organización No Gubernamental Campaña Emblema de Prensa, en los primeros 3 meses de este año en México se registró el asesinato de ocho periodistas, mientras que en el Estado de México se han registrado al menos 30 agresiones contra comunicadores, como censura y detenciones arbitrarias.
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