* Los servicios educativos que prestan los particulares ya están regulados por la SEP, no sólo por el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también por la Ley General de Educación (LGE) y las Leyes de Educación de las 32 entidades federativas
Las Instituciones Particulares de Educación solicitaron a la Secretaría de Educación Pública y a su titular Delfina Gómez Álvarez, se pronuncien sobre la invasión de facultades que pretende realizar la Secretaría de Economía al promover la creación de una norma sobre obligaciones que ya están reguladas por el sector educativo a nivel federal, estatal y municipal, que de aprobarse generarán mayores costos de operación de los colegios particulares y por consiguiente, un incremento innecesario en las colegiaturas que repercutirá en la economía de los padres de familia.
Los representantes de la Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), Alianza para la Educación Superior (ALPES), Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), Federación de Escuelas Particulares del Estado de México (FEPEM) y Educación con Rumbo (ECR ), hicieron un llamado a las escuelas particulares, a los padres de familia y a los mexicanos en general a firmar la petición “Alto a la NOM 237, atenta contra el derecho a la educación y la economía nacional” en la plataforma change.org (https://chng.it/dVjwX5tKS2) y a enviar comentarios a la dirección de correo contacto@conamer.gob.mx del portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER).
Norma Leticia León Montelongo, presidenta de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de México (FEPEM), expresó a la secretaria de Educación, Gómez Álvarez, “su pronunciamiento para que responda a favor de la educación (…) hay que fortalecer a nuestro país, fortalecernos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la educación. Y la educación que imparten las escuelas de educación particular siempre está en camino de mejorar la calidad día a día, de cumplir con todos los lineamientos, con todos los reglamentos, estar en un orden total para poder continuar brindando este servicio, un servicio social y un servicio que nos favorece a todos”.
Consejero de la Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), Jesús Nájera calificó como de muy importante que la secretaria de Educación, la maestra Gómez, haga un pronunciamiento. “Todo pareciera ser por su silencio y perdón por la palabra, un contubernio entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Educación para afectar a la educación particular. Ojalá pueda la secretaria Delfina Gómez emitir un profundo pronunciamiento a este respecto”.
Los representantes de los colegios particulares han insistido en que la sola publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la NOM 237 traerá como consecuencia el cierre de más de 18 mil instituciones particulares que no podrán soportar la carga económica que se impondrá, y se perderán más de 54 mil profesores y en total 630 mil trabajadores de ellas, cifra que se sumará a los 117 mil empleos formales que fueron cerrados durante la parte más activa de la pandemia por Covid-19.
Agregaron que contrario a lo que dijo Jesús Cantú, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, quien declaró que no habría mayor costo salvo adquirir un archivero para tener los contratos sistematizados, la publicación de la NOM 237 se traducirá en una carga administrativa adicional, pudiendo esto significar un incremento en los costos de cumplimiento donde empresas certificadoras que estuvieron cerca del proceso, serían las principales beneficiarias.
Y reiteraron que contrario a lo que pretende la Secretaría de Economía, las Instituciones Particulares de Educación “no somos un establecimiento comercial, sino que nos dedicamos a ofrecer un servicio de naturaleza civil con trascendencia social”.
También subrayaron que los servicios educativos que prestan los particulares es una actividad ya regulada por la autoridad educativa no sólo por el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también por la Ley General de Educación (LGE) y las Leyes de Educación de las 32 entidades federativas de nuestro país, lo mismo que por los reglamentos y la normatividad formulada por las distintas autoridades educativas que existen.
Por esto insistieron en que la Secretaría de Educación se pronuncie. “El tema central del proyecto de la NOM 237 son las obligaciones que pretende normar, relacionadas con la información y la de evitar la variación de los costos durante el ciclo escolar en curso. Sin embargo, los artículos 148 y 151 de la Ley General de Educación ya contienen estas obligaciones para las instituciones particulares, como también la disposición de que es la autoridad educativa a la cual corresponde la vigilancia de que se cumplan los preceptos citados”.
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